- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
No es casualidad que el ministro que ha hecho lamentable noticia por la justificación de la rebaja de penas a más de medio centenar de individuos condenados por delitos sexuales contra menores de edad tenga tanta influencia en el régimen de ultraderecha instalado hoy en La Moneda, porque antes fue abogado defensor del dictador genocida.
Fernando Rabat, como burla para el pueblo, ocupa en la actualidad el cargo de titular en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, valores que no solo se ignoraron sino que se pisotearon descaradamente con gravísimas consecuencias para millones de chilenos en los 17 años de terrorismo de Estado.
Hasta ahora, que se sepa, este abogado pinochetista nunca se ha arrepentido de haber adherido resueltamente a la tiranía cuyos atropellos costaron la vida a más de 5 mil hombres y mujeres, parte de ellos desaparecidos, ni ha repudiado los secuestros y torturas ni nada de los horrores cometidos por los golpistas en el poder.
Según Rabat, el Presidente de la República no estaba al tanto, pero lo concreto es que el Ejecutivo benefició a 56 sujetos condenados por violación y abusos a menores de edad, niños y niñas en la indefensión. Ello ha impactado a la opinión pública e indignado a las familias de las víctimas.
Inexplicablemente el secretario de estado ha defendido el criterio utilizado con naturalidad y ha apuntado contra la Corte Suprema y hasta el gobierno de Gabriel Boric. En ambos casos sus argumentos han sido débiles y han contado con rápidas y certeras respuestas que lo contradicen.
Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Suprema, precisó que «ha sido el Ministerio de Justicia el que ha dictado los decretos pertinentes conforme a sus facultades». No ha habido ningún tribunal que haya obligado al gobierno a algún tipo de beneficios.
A su vez la vocera del gobierno anterior, Camila Vallejo, ha terminado por esclarecer lo ocurrido. Recordó que a todas las solicitudes que hubo en ese periodo al ministerio de Justicia para rebajar penas a estos delincuentes, se les dijo que no y fueron rechazadas cada una de estas peticiones.
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre el mencionado ministerio otorgó rebaja de condenas a personas sentenciadas por violación y abusos sexuales contra menores de edad. Todos los beneficios fueron concedidos directamente por la cartera, sin intervención de otras instancias.
El citado delito contra niños es una de las peores formas de violencia. Muchas veces estos hechos quedan en la impunidad y entre expertos en temas penales y de infancia, se plantea que es difícil considerar que algún sentenciado por estos ilícitos pueda ser rehabilitado.
La presencia dictatorial de Rabat provoca desconfianza. Este integró el equipo de defensores de Pinochet en distintas circunstancias por numerosos cargos en su contra, entre ellos el caso del Banco Riggs, del cual el capitán general genocida no salió precisamente bien parado porque quedó al descubierto su fabulosa fortuna producto de sus cuantiosos robos.
Mientras hay delincuentes beneficiados que en estos días caminan libremente por las calles, la ciudadanía sobrepasada y los políticos decentes están solicitando la inmediata salida del cargo de este singular ministro de «justicia y derechos humanos», convertidos en este caso en antivalores que semejan un sarcasmo.
Ministros de gobiernos anteriores estiman que es mejor ofrecer disculpas a tiempo que seguir agudizando los conflictos. Ello parece difícil sin embargo en este caso, tratándose de un pinochetista de tomo y lomo, partidario del genocidio y de las múltiples barbaridades que tiempo atrás horrorizaron a Chile y el mundo.
