- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Sin políticos ni candidatos, sin partidos ni alianzas partidistas, se cumplió el séptimo aniversario del estallido social siempre potente y masivo y en que se reafirmó que su vigencia se mantendrá en alto mientras la Constitución Política no asegure las necesarias condiciones emocionales, laborales y económicas que corresponden a todas y todos en una sociedad democrática.
El 18 de octubre de 2019 fue conmemorado con concurridas manifestaciones populares en el centro en Santiago, Valparaíso y otras ciudades, en las que inexplicablemente no participaron las colectividades consideradas progresistas y tampoco la Central Unitaria de Trabajadores.
La declaración dada a conocer por los partidos oficialistas en este aniversario condena enérgicamente la violencia registrada hace siete años, demoniza y tergiversa los acontecimientos, pero no dice ni media palabra sobre las causas estructurales que provocaron las multitudinarias marchas de protesta.
En esa declaración se deplora los hechos violentistas, aunque no hay ni media letra sobre la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas: no hubo una sola baja entre los uniformados fuertemente armados, y sin embargo se registró una treintena de víctimas fatales todas civiles, además de numerosos heridos incluyendo dos personas con ceguera total por el resto de sus días y más de 400 con pérdida de uno de sus ojos.
Tampoco se recuerda que la rebelión callejera comenzó dos días después de cumplirse 21 años de la captura en Londres de Pinochet por parte de la justicia internacional, por múltiples cargos de asesinatos y robos. El dictador dejó instalado por la fuerza de las armas un sistema antipopular de injusticias y desigualdades a través de una Constitución antidemocrática y un modelo neoliberal considerado el más extremista del planeta en favor de los ricos.
Desde siempre el movimiento octubrista tuvo propósitos nobles y elevados, como fue el clamor por dignidad y oportunidades, por derechos fundamentales y una democracia plena. Las grandes multitudes callejeras minimizaron el impacto de los saqueos y destrucción que cometió una pequeña minoría que nunca ha recibido nada de la sociedad pudiente, nadie reivindica las consecuencias de validar actos vandálicos.
Sin embargo, no hay peor vandalismo que apuntar y disparar contra compatriotas indefensos que se expresan en favor de sus derechos esenciales, extraviados en medio de los horrores de la dictadura sin que hayan sido repuestos hasta ahora.
Los hechos de violencia que involucraron a algunos de los que salieron a manifestarse son explicados por la rabia acumulada contra el sistema antipopular vigente durante décadas. Asimismo por el desafortunado manejo de la situación por parte del gobierno piñerista en esos días y por la brutal represión de las FF.AA. y Carabineros.
En todo caso la violencia popular nunca ha podido ser comparada con la del Estado y sus aparatos armados. La del pueblo ha sido una violencia de baja intensidad, sin muertes de por medio, en enfrentamientos con miles de uniformados armados para una guerra, y donde las víctimas las coloca la ciudadanía.
Los blancos de la violencia de los pobres son de preferencia bienes materiales, en tanto el personal militar ataca sin miramientos a las personas y en muchos casos, como sucedió en el estallido, dispara directamente al rostro de los manifestantes buscando ocasionar daños de gravedad.
El «compromiso por la paz» firmado por los partidos de ultraderecha no es más que un conjunto de palabras sin sentido. Lo que se requiere son cambios traducidos en hechos concretos, como una nueva Constitución, otro modelo de desarrollo igualitario, derechos sociales para la ciudadanía desprotegida y oportunidades para todos.
Con un Estado disminuido y un mercado omnipotente la casta política parece que viviera en otro mundo, muy diferente al de la inmensa mayoría de la población. Por sus altos ingresos, sus privilegiadas condiciones de vida, su identificación por conveniencia con el modelo liberal y sus vínculos con el empresariado que financia sus campañas electorales, difícilmente entiende a cabalidad el malestar social y las demandas populares.
En estos momentos hay un profundo divorcio entre los políticos de la derecha con el país real, que no transa sus convicciones. Está claro que se sigue acumulando material altamente inflamable para futuros estallidos, que podrían registrarse producto del cansancio y la frustración por la suma de errores y desatinos de este gobierno en poco tiempo.
