- Nicolás Farfán Vega, sociólogo, máster experto en Gestión de Proyectos BID
La discusión sobre la eficiencia del Congreso va mucho más allá de izquierdas o derechas.
En septiembre, diputados y senadores trasladaron su semana distrital a la antesala del 18. El Congreso no alcanzó a despachar el feriado del jueves 17: los trabajadores fueron a sus empleos ese día; los parlamentarios ya estaban fuera de Valparaíso.
Días después, la reforma constitucional para ampliar el plazo de detención en expulsiones administrativas se cayó por un voto: obtuvo 88 apoyos y necesitaba 89. Un diputado que había comprometido su voto no votó; dos viajaban con la comitiva presidencial, con permisos mal tramitados; otro, simplemente, no participó. Hubo ausentes del oficialismo y de la oposición.
Más allá de las posiciones sobre migración, existe una cuestión institucional: cuando una votación exige un quórum determinado, cada voto y cada ausencia son decisivos. Lo lamentable es que esto ocurre mientras la delincuencia le cuesta al país, según el BID, al menos 2,4% del PIB en 2022.
Al estado se le exige productividad, austeridad y metas cumplidas. Se cierran las puertas del presupuesto 2027, y con recortes ya anunciados, el Congreso debería ser el primero en rendir esa misma cuenta. La ciudadanía no pide privilegios ni castigos. Pide transparencia, responsabilidad y resultados.
La ineficiencia no es gratis: la pagamos todos. Se traduce en leyes que se retrasan, políticas públicas que no llegan y problemas urgentes que quedan sin solución. En un país que exige esfuerzo a los trabajadores, a las pymes y a las familias, no es razonable que el Congreso funcione con la lógica del mínimo indispensable.
Chile necesita parlamentarios que fiscalicen, ministros que respondan y debates donde los argumentos tengan más peso que las provocaciones. La política no puede seguir siendo un show que posterga soluciones. El país demanda seriedad, presencia y trabajo efectivo de quienes tienen la responsabilidad de legislar.
