- Osvaldo Urrutia, consejero regional
Las cifras de ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales vuelven a instalar una discusión que estamos abordando de manera equivocada. Al 31 de julio, el Gobierno Regional de Valparaíso registraba una ejecución de 37,2%, inferior al promedio de las regiones, que alcanzaba un 39,2%.
El escenario no es alentador. Ejecutamos con lentitud y, al mismo tiempo, muchos de los proyectos que financiamos no responden a las necesidades más urgentes de quienes habitan la Región. Tenemos entonces un doble desafío. Ejecutar oportunamente los recursos y, sobre todo, invertirlos mejor.
Este año existe un atenuante. Se modificaron los convenios mandato, estableciendo para municipios y unidades ejecutoras un plazo más exigente, de un máximo de tres meses, para iniciar los procesos de licitación. Su adecuación y tramitación ha tomado tiempo, lo que puede explicar parte de la menor ejecución de 2026. Sin embargo, esta mayor exigencia debería contribuir a agilizar las inversiones en los próximos años.
Pero eso no explica la enorme cantidad de proyectos aprobados y financiados en años anteriores que todavía no se ejecutan. Son recursos cuantiosos que permanecen entrampados, inversiones que no se materializan y beneficios sociales que las personas siguen esperando. Cada año de atraso no es solamente un problema presupuestario, es también desarrollo regional que se posterga.
Hay además un problema de fondo. Medir la gestión de los Gobiernos Regionales principalmente por el porcentaje del presupuesto ejecutado genera un incentivo perverso. Terminamos compitiendo por quién gasta más y más rápido, cuando deberíamos preocuparnos por quién invierte mejor.
Ejecutar la totalidad del presupuesto no significa necesariamente una buena gestión. Se puede gastar todo y financiar proyectos de escaso impacto mientras necesidades verdaderamente urgentes continúan esperando ya que no existe suficiente coherencia entre las necesidades reales de la Región y los proyectos que finalmente financiamos.
El Sistema Nacional de Inversiones cumple una función fundamental al evaluar técnica y socialmente las iniciativas. Sin embargo, obtener una Recomendación Satisfactoria (RS) significa que un proyecto está en condiciones de solicitar financiamiento, no que sea necesariamente más prioritario que otro para nuestra Región. Podemos disponer así de una extensa cartera de proyectos socialmente rentables y técnicamente recomendados, pero sin una jerarquización que nos indique cuáles deben ejecutarse primero.
Mientras el Gobierno Regional no sea capaz de identificar, explicar e instalar cuáles son las verdaderas prioridades regionales, seguiremos respondiendo a una suma de iniciativas presentadas por municipios y servicios públicos, con el riesgo de que prevalezcan conveniencias, negociaciones territoriales o clientelismo político por sobre una visión regional.
No deberían ser los proyectos disponibles los que determinen nuestras prioridades. Deben ser las prioridades regionales las que determinen qué proyectos financiamos.
Para eso necesitamos algo más que una Estrategia Regional de Desarrollo. La Estrategia es deliberadamente generalista. Establece grandes orientaciones de largo plazo, pero no permite priorizar con suficiente precisión las inversiones ni establecer objetivos, metas y plazos concretos para cerrar las brechas. Su amplitud termina permitiendo justificar prácticamente cualquier iniciativa.
Necesitamos un verdadero Plan de Desarrollo Regional, construido a partir de un diagnóstico objetivo de nuestras brechas, que establezca indicadores, defina objetivos y metas concretas, priorice las inversiones necesarias para alcanzarlas y fije plazos para su cumplimiento.
Tampoco basta con saber cuánto gastamos. Debemos medir cuántos proyectos terminamos, cuánto demoramos en ponerlos en servicio, qué problemas resolvieron y cuáles fueron sus beneficios e impactos sociales. Una inversión bien pensada y oportunamente ejecutada debe traducirse en mejor calidad de vida y en una reducción efectiva de las brechas en salud, educación, vivienda, agua potable rural, infraestructura sanitaria, conectividad y seguridad.
El verdadero indicador de una buena gestión regional no es cuánto dinero fuimos capaces de gastar, sino qué beneficios sociales generamos, qué brechas logramos reducir y cuánto desarrollo fuimos capaces de producir con esos recursos.
