17 de agosto de 2026 03:50

Sergio Velasco de la Cerda, ex diputado

Donald Trump parece mirar nuevamente a América Latina desde una antigua concepción de poder: aquella que considera al continente como una zona natural de influencia de los Estados Unidos. Es la vieja idea del “patio trasero”, incompatible con la soberanía e independencia de nuestras naciones.

Esta visión ha adquirido una dimensión particularmente preocupante en materia de defensa y seguridad.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha impulsado una estrategia regional orientada a fortalecer la cooperación militar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Bajo el denominado “Escudo de las Américas”, Washington busca articular a distintos gobiernos latinoamericanos en torno a una política de seguridad encabezada por Estados Unidos.

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado es, sin duda, una necesidad urgente. Nuestros países conocen demasiado bien sus consecuencias: violencia, corrupción, debilitamiento institucional y temor ciudadano. Pero aceptar esa realidad no significa entregar nuestra soberanía ni renunciar al derecho de decidir cómo enfrentamos esos problemas.

Tampoco puede ignorarse una contradicción evidente: Estados Unidos es uno de los principales mercados consumidores de drogas del mundo y, al mismo tiempo, una fuente fundamental del enorme flujo de armas que alimenta la violencia criminal en nuestro continente.

Más preocupante aún resulta el cuestionamiento estadounidense a la Corte Penal Internacional. Si defendemos un orden internacional basado en reglas, esas reglas deben aplicarse también a las grandes potencias. Ningún país puede pretender reservarse el derecho de actuar militarmente y, simultáneamente, sustraerse de los organismos internacionales encargados de investigar eventuales crímenes.

Ahí aparece el verdadero problema político.

La cooperación internacional es necesaria. La subordinación, no.

Chile mantiene una larga relación política, económica y diplomática con Estados Unidos. Pero también ha construido durante décadas una política exterior abierta al mundo. China es hoy nuestro principal socio comercial y resulta absurdo que nuestro país deba escoger entre una potencia y otra como si estuviéramos nuevamente atrapados en la lógica de la Guerra Fría.

El caso del puerto de Chancay, en Perú, demuestra que esta disputa geopolítica ya está instalada en América Latina. Estados Unidos observa con creciente preocupación la expansión económica y estratégica de China en nuestra región.

Chile también posee recursos que despiertan el interés de las grandes potencias: cobre, litio y otros minerales estratégicos indispensables para la industria tecnológica y la transición energética mundial.

No debemos ser ingenuos. Las potencias no construyen su política exterior sobre la amistad, sino fundamentalmente sobre sus intereses.

La reciente decisión estadounidense de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a una parte importante de las exportaciones chilenas demuestra que incluso una relación histórica puede quedar subordinada a decisiones unilaterales cuando Washington considera que sus propios intereses están comprometidos.

Chile tiene derecho a cuestionar esa medida y a defender sus intereses comerciales.

Pero el desafío es todavía mayor.

Nuestro país debe ser capaz de mantener relaciones constructivas con Estados Unidos, China, Europa y el resto del mundo sin transformarse en territorio subordinado de ninguna potencia. Cooperar no significa obedecer. Mantener buenas relaciones diplomáticas tampoco significa renunciar a una política exterior propia.

Durante demasiados períodos de nuestra historia latinoamericana, otros decidieron por nosotros qué gobiernos eran aceptables, qué políticas económicas debíamos aplicar y hasta quiénes podían gobernarnos.

Deberíamos haber aprendido algo de aquello.

La soberanía no consiste en gritar consignas contra una potencia extranjera. Consiste en tener instituciones, convicciones y una política exterior suficientemente sólidas para poder decir que sí cuando corresponde y decir que no cuando los intereses de Chile así lo exigen.

Porque Chile puede dialogar con todos.

Pero no debe arrodillarse ante nadie.

 

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