+ Andrés Celis, diputado
La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) encendió todas las alertas. De un día para otro, decidió cancelar y suspender el molo de abrigo y las obras complementarias del Puerto Exterior, un proyecto de US$1.950 millones que era clave para el futuro de San Antonio y del país. ¿Puede tratarse esto como un simple trámite administrativo? Claramente no, y por lo mismo me resulta inaceptable que hasta ahora nadie haya dado una explicación clara.
Hay que ser justos: la responsabilidad no es de la actual mesa directiva, que asumió recién el 1 de junio. El desorden viene de antes. El directorio anterior prometía plazos que después no cumplía, e incluso promocionó el proyecto en Europa sin tener claro cómo se iba a financiar.
Y ahí está el problema de fondo: el único crédito que existe hoy, por US$50 millones, apenas cubre un 2,56% del costo total de la obra. ¿Bajo qué criterio se sale a promocionar internacionalmente un proyecto de esta magnitud sin tener resuelto casi el 98% de los recursos? A eso se suma que tampoco se han cumplido los compromisos ambientales que la propia empresa firmó.
Pero lo que más golpea, y lo digo con franqueza, es el silencio. Frente a una decisión de esta magnitud, la comunidad esperaba respuestas directas. ¿Qué obtuvo en cambio? Evasivas.
Entiendo que frenar el proyecto para revisarlo puede ser lo correcto, incluso necesario, para cuidar los recursos de todos. El problema no es la pausa, sino que se haya hecho sin transparencia, dejando a la comunidad en la incertidumbre.
Un proyecto de esta envergadura no se sostiene solo con anuncios y cifras grandes; se sostiene con la confianza de quienes lo verán construirse durante años. Esa confianza, hoy, está en duda. No por el proyecto en sí, sino por quienes lo han conducido hasta ahora. San Antonio no está pidiendo certezas absolutas sobre el futuro del puerto, sino algo más básico: que un proyecto del cual depende buena parte del comercio exterior del país no quede a la deriva de la improvisación.
