- Christian Lucero, abogado
Durante años, Viña del Mar fue reconocida como una ciudad caminable, amable y relativamente ordenada. Hoy, sin embargo, muchos vecinos perciben algo distinto: plazas deterioradas, comercio irregular desbordado, rucos en diversos sectores, aumento de incivilidades, basura acumulada y una sensación creciente de abandono en determinados espacios urbanos.
La reciente sentencia de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección contra la Municipalidad de Santiago por no adoptar medidas eficaces frente a la ocupación irregular de espacios públicos marca un precedente relevante para todas las comunas del país. Y Viña del Mar no puede sentirse ajena a esa discusión.
El máximo tribunal recordó algo esencial: las municipalidades no solo tienen la facultad, sino el deber permanente e ininterrumpido de administrar, fiscalizar y resguardar los bienes nacionales de uso público. No basta con efectuar operativos esporádicos, reuniones, catastros o intervenciones temporales si, en la práctica, las condiciones de inseguridad, insalubridad y deterioro continúan existiendo.
La problemática es compleja y exige humanidad. Nadie razonable puede desconocer el drama social que existe detrás de muchas personas en situación de calle, muchas veces vinculadas a pobreza extrema, enfermedades mentales, adicciones o abandono estatal histórico. Pero precisamente por tratarse de un fenómeno delicado, las autoridades deben abordarlo con seriedad, coordinación y eficacia, y no simplemente normalizarlo.
Porque cuando el Estado renuncia al espacio público, los principales afectados terminan siendo los vecinos más vulnerables: adultos mayores que dejan de caminar por ciertos sectores, pequeños comerciantes que pierden clientela, familias que viven con temor, personas que ven disminuir el valor y uso efectivo de sus viviendas, o ciudadanos que terminan resignándose a convivir con condiciones indignas para todos.
Viña del Mar enfrenta hoy un desafío mayor: recuperar el equilibrio entre solidaridad social y orden urbano. Una ciudad no puede transformarse en un territorio donde el uso irregular del espacio público termine imponiéndose por la mera incapacidad institucional de ejercer las atribuciones legales existentes.
La recuperación del espacio público no debe entenderse como persecución contra los más pobres. Al contrario: implica precisamente evitar que la marginalidad se consolide como forma permanente de vida urbana. La verdadera inclusión requiere políticas sociales reales, programas de salud mental, redes de apoyo, rehabilitación y coordinación interinstitucional. Pero también requiere autoridad.
La Corte Suprema ha sido clara: las obligaciones municipales no se satisfacen con gestiones simbólicas o insuficientes. Lo que importa es el resultado efectivo. Y cuando las condiciones denunciadas persisten en el tiempo, puede configurarse una omisión ilegal y arbitraria que afecta derechos fundamentales de los vecinos.
Viña del Mar todavía está a tiempo de actuar antes de que el deterioro se normalice completamente. Recuperar plazas, veredas, áreas verdes y sectores turísticos no es solamente una cuestión estética. Es una obligación jurídica, social y moral con quienes viven diariamente la ciudad.
