- Osvaldo Urrutia, consejero regional
La sentencia que obliga a la Municipalidad de Valparaíso a indemnizar a la inmobiliaria del proyecto Pümpin deja una enseñanza que va mucho más allá del monto involucrado.
Aunque el tribunal rechazó gran parte de la demanda y redujo significativamente la indemnización solicitada, el hecho esencial permanece inalterado ya que los decretos dictados por la administración del ex alcalde Jorge Sharp fueron declarados ilegales, generando un perjuicio económico para el municipio.
Lo preocupante es que esta indemnización no será pagada por quien adoptó las decisiones cuestionadas, sino por todos los porteños. Recursos que podrían destinarse a seguridad, aseo, recuperación de espacios públicos o programas sociales deberán utilizarse para enfrentar las consecuencias de actos administrativos que los tribunales consideraron contrarios a derecho.
La situación resulta aún más delicada considerando que quien encabezaba la municipalidad posee formación jurídica. De una autoridad con conocimientos de derecho es razonable esperar especial prudencia y un estricto respeto por los límites de la legalidad administrativa.
La legalidad no es un detalle burocrático. Es el límite que separa el legítimo ejercicio de la autoridad del abuso de poder. Cuando un alcalde lo traspasa, no paga él, termina pagando la ciudad.
