19 de mayo de 2026 07:25
  • Hugo Alcayaga Brisso, periodista

El mundo democrático ha recibido con beneplácito la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que determinó reabrir la investigación por la muerte de José Tohá González, histórico militante del Partido Socialista y que ocupaba el cargo de ministro de Defensa el 11 de septiembre de 1973, día en que las fuerzas del odio derrocaron al gobierno popular y constitucional del presidente Salvador Allende.

Por el tiempo transcurrido la noticia puede causar sorpresa, pero corresponde a la búsqueda de justicia en el caso de José Tohá quien fue vilmente asesinado en el Hospital Militar el 15 de marzo de 1974 en lo que la dictadura quiso hacer aparecer como un “suicidio” en aquella época negra del terrorismo de estado y el genocidio  aplicado a todos quienes no compartían  el golpe criminal y la tiranía encabezada por Pinochet y su patota  de generales y almirantes  obsesionados por trepar al poder.

El dirigente socialista había sido una figura sobresaliente de la izquierda chilena, acompañante de Allende en sus distintas candidaturas presidenciales. Se recuerdan sus palabras la noche del 4 de septiembre de 1958, cuando los resultados fueron adversos: “los allendistas dijimos durante la campaña que éramos los más y los mejores; las cifras de ese momento señalan que no somos los más, pero nadie puede asegurar que no somos los mejores”.

José Tohá, nacido en Chillán e hijo de un inmigrante catalán, desde muy joven manifestó inquietudes políticas. En el liceo se hizo militante de la Juventud Socialista y fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de esa ciudad. Más tarde, cuando cursaba derecho en la Universidad de Chile, fue elegido presidente de la Fech. También ejerció el periodismo: fue director del vespertino “Noticias de Última Hora”, de propiedad del Partido Socialista, en ese tiempo en que este partido era socialista.

El Presidente de la República lo nombró Ministro del Interior, cargo que desempeñó más de un año. Pasó a Defensa cuando la coalición PDC-derecha presentó una acusación constitucional en su contra y afrontó el tanquetazo de julio del 73. Salió a la calle a encarar a los militares rebeldes junto con los generales Prats y Pinochet. Este último fingía una gran amistad por el ministro Tohá y su familia.

Tohá se constituyó en La Moneda a primera hora de la mañana de este fatídico “11”. Al llegar formuló declaraciones a los periodistas en que dejó muy claro que el gobierno rechazaba cualquier alteración de la vía constitucional. Agregó que “el periodo constitucional del presidente Allende finaliza en 1976”.

Esa misma mañana el Secretario de Estado fue detenido por las tropas subversivas junto a otros ministros, parlamentarios, regidores y dirigentes izquierdistas y enviados a la inhóspita Isla Dawson, en el extremo sur, donde se les confinó por largo tiempo en condiciones adversas, bajo torturas y haciendo trabajos forzados. En el caso de quien había sido titular de defensa, que medía un metro 92, se debilitó tanto que llegó a pesar 49 kilos.

Sorpresivamente se determinó su regreso a Santiago y su reclusión en el hospital militar. Allí fue encontrado sin vida en un armario de la pieza que ocupaba, lo que la tiranía atribuyó a un suicidio por ahorcamiento, lo que era muy improbable dadas las condiciones de extrema debilidad en que se hallaba.

Terminada la tiranía, en 2015 el juez Jorge Cepeda probó que Tohá fue asesinado mediante estrangulamiento. Acusados de torturarlo y darle muerte fueron “condenados” a tres años de pena remitida los coroneles de la Fach, Ramón Cáceres y Sergio Contreras. El procedimiento judicial dejó profundas dudas, principalmente porque Chile está plagado de impunidad.

Al paso de los años y ante la reiterada insistencia de la familia y organismos de derechos humanos el tribunal de alzada capitalino consideró que la indagatoria “no se encuentra agotada”. En el fallo se señala que existen presunciones graves de estrangulamiento y aseveró que se requiere de una investigación a fondo que implique despejar toda duda.

Se trata de un caso histórico que tiene que ser aclarado, y existen los fundamentos para ello. A los familiares de las víctimas les asiste el derecho inalienable a que los procesos sean completamente esclarecidos, lo que ha impedido el pacto de silencio dejado por el dictador y la impunidad que ha habido en Chile tras los 17 años de tiranía pinochetista.

La ministra en visita Paola Plaza está comenzando una serie de diligencias y nuevos interrogatorios. Puede que sea demasiado tiempo transcurrido o se trate de una medida simbólica, y hay muchos que piensan que cuando la justicia demora demasiado deja de ser tal, pero quienes recuerdan a José Tohá, su figura quijotesca, sus actuaciones ponderadas y su firme condición de socialista de toda una vida, no desestiman el adagio “la justicia tarda, pero llega”.

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