- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
El hecho de que José Kast sea el Presidente de la República desaprobado con mayor rapidez desde 1990 a la fecha causa estragos en la ultraderecha que no quiere cambios, que está desconcertada en su incoherencia, que sigue al pie de la letra el modelo neoliberal dejado por la dictadura y cuyo único objetivo es servir a la oligarquía, los dueños del dinero y el gran empresariado.
La aplicación a ultranza del modelo le está costando caro a Kast: todas las encuestas de opinión pública señalan que su caída respecto a lo que llegó a tener el 11 de marzo pasado, va entre los 10 y los 17 puntos porcentuales en sus inicios al frente del Ejecutivo en momentos de tensión e incertidumbre y en que el “bencinazo” sobresale en lo inmediato como lo más deplorable.
Nadie, de los seis presidentes y ocho gobiernos anteriores, había visto bajar su nivel de popularidad en forma tan rápida, inmediatamente después de su victoria electoral y en tan poco tiempo, cuando la oposición no termina de instalarse y recién se proyectan las anunciadas movilizaciones sociales.
Si hubiera elecciones este domingo, los resultados serían muy distintos a los de diciembre pasado, cuando Kast se impuso por 2 millones de votos a una dubitativa representante del progresismo que nunca pudo salir de un mar de dudas y clarificar sus metas y propósitos.
Es demasiado tarde, pero el electorado sólo ahora se da cuenta que votó equivocadamente. A nivel gubernamental no se habla hoy de los principales problemas de las mayorías, como son las desigualdades, la discriminación y los abusos, porque la única preocupación es impulsar una agenda en que sobresale la desprotección social.
Los pobres, los cesantes y los endeudados, los sin casa y los ambulantes, todos los cuales suman millones, junto a los que no disponen de ahorros, viven modestamente y muchas veces con sus insuficientes ingresos no logran llegar a fin de mes, han recibido ahora un mazazo del que no todos conseguirán recuperarse. A dos semanas de haber asumido en La Moneda, este gobierno ha determinado un inimaginable aumento de precios de los combustibles ante el cual hay quienes han quedado incluso sin habla.
Mucho antes de lo previsto la desaprobación presidencial es mayor que la evaluación positiva. Se trata de una realidad que ha levantado las alertas en el oficialismo, donde advierten que “lo peor aún no ha pasado”.
El alza de los combustibles no es una noticia más, sino que tiene repercusiones en toda la actividad diaria. Golpea a quienes llenan el estanque de su auto o de los buses, y también a la economía general, el transporte de carga, el costo de distribución de los precios de bienes básicos, a los fletes al comercio y – lo peor – al bolsillo debilitado y al precario presupuesto de millones de familias modestas.
En tono seco, distante y casi arrogante el gobierno ha comunicado invocando el contexto internacional, la crisis del petróleo y las restricciones fiscales, pero la autoridad no ha tenido sentido de comprensión. El problema es el efecto en cadena sobre la economía del país.
Los nuevos gobernantes viven quejándose y culpando a quienes estuvieron antes en La Moneda “no hay plata, este es un gobierno de emergencia o el Estado está en la quiebra”. Por eso han anunciado un proyecto de reconstrucción nacional, que beneficia solo al 1% más rico a costa de los sectores medios y más empobrecidos.
La embestida oficialista proempresarial tuvo otra expresión cuando el gobierno retiró del Congreso la tramitación del proyecto de Ley General de Pesca presentado por la administración de Gabriel Boric. Ello se suma a medidas similares respecto del medio ambiente, tratando de anular los avances que significaban tales iniciativas.
Sin duda La Moneda pretende mantener la vigencia de la Ley Longueira que se hizo a gusto de siete familias ricachonas acostumbradas a ganar dinero a manos llenas en ese sector. La citada Ley Longueira fue promulgada en el primer mandato de Sebastián Piñera y es considerada la mayor vergüenza de la política chilena, ya que terminó con una diputada y un senador de derecha en la cárcel, por corrupción.
Desde ya, han empezado las protestas sociales: los primeros en salir a la calle han sido los estudiantes secundarios y universitarios, tal como ocurrió en el estallido social. Pasando por afuera del palacio de La Moneda los jóvenes dieron a conocer su rechazo a propuestas gubernamentales como la limitación del acceso a la gratuidad en la educación superior y la eliminación del programa Becas Chile.
En la manifestación por el centro de Santiago miles de estudiantes reafirmaron su consigna: “contra el retroceso, marchamos”, mientras la adhesión al presidente baja, día tras día, progresivamente.
