- Osvaldo Urrutia Soto, consejero regional
Basta recorrer hoy el paseo costero de Viña del Mar, entre Salinas y Caleta Abarca, pasando por la avenida Perú y plaza Colombia – espacios públicos que constituyen el principal atractivo turístico de la ciudad – para constatar una penosa y evidente realidad: comercio ambulante desbordado, venta y consumo de alcohol en las playas, presencia abierta de consumo y microtráfico de drogas, acumulación de desechos, riñas, atropellos a peatones por bicicletas y scooters, incivilidades reiteradas y un incumplimiento sistemático de las ordenanzas municipales y de la ley. No se trata de hechos aislados ni de excesos propios del verano. Es un problema permanente que se ha normalizado peligrosamente, a vista y presencia de las autoridades.
Lo más grave no es la existencia de estas conductas, sino la renuncia tácita de la autoridad municipal a controlarlas. Cuando actividades abiertamente ilegales se desarrollan a plena luz del día y sin consecuencias, el mensaje es claro: la norma existe, pero no se aplica. Y cuando la ley no se hace cumplir, deja de ordenar la convivencia y pierde legitimidad.
El comercio ambulante que hoy se observa no es expresión de subsistencia, sino que responde a estructuras organizadas de carácter delictual, que operan impunemente y que, a lo menos, incurren en delitos tributarios, junto con otras infracciones a la ley. Estas dinámicas se instalan de forma permanente, desplazando al comercio formal y a los concesionarios de playas que han realizado importantes inversiones y que además de pagar impuestos, patentes tienen la obligación de mantener limpias las playas y contratar los salvavidas que exige la autoridad maritima y generan empleo formal.
El paseo del borde costero de Viña del Mar ha terminado privatizado de facto y convertido en un verdadero “mall” de comercio ilegal, contribuyendo a expulsar a quienes respetan la normativa.
A ello se suma la venta y consumo de alcohol en sectores donde está expresamente prohibido, con consecuencias previsibles: riñas, accidentes, violencia y deterioro del entorno. Más grave aún es la presencia habitual del microtráfico y consumo de drogas, que transforma espacios pensados para la recreación familiar en zonas evitadas por vecinos y turistas.
Las incivilidades —ruidos excesivos, basura, daños al mobiliario urbano, agresiones— suelen minimizarse como simples molestias que sin embargo afectan seriamente la calidad de vida de los vecinos residentes. La autoridad local no ha logrado comprender que el desorden cotidiano no es inocuo: es la antesala del delito. Donde no hay control efectivo, el deterioro se profundiza.
Nada de lo anterior ocurre por falta de normas. Sucede por falta de autoridad efectiva. Ordenanzas sin fiscalización son letra muerta, y operativos esporádicos más parecen un montaje televisivo para satisfacer a los vecinos que reclaman su derecho a vivir en paz y solo profundizan la sensación de impunidad.
El comercio ilegal, la venta de alcohol, el tráfico de drogas y las incivilidades reiteradas son infracciones concretas a normas vigentes que deben combatirse con la fuerza de la ley, aplicada de manera permanente y sin excepciones. Porque cuando la autoridad no ejerce la ley en el espacio público, no gobierna: abdica. Y una ciudad que acepta esa abdicación termina, inevitablemente, pagando el precio en inseguridad, deterioro progresivo y pérdida de calidad de vida.
