- Documento elaborado por los profesores Andrés Reyes Barra y Renato Rivera Valdés
Estimados colegas:
Hubo un acuerdo unánime, ante la iniciativa del Presidente de la República de otorgar una reparación por la Deuda Histórica por 4,5 millones pagados por grupos en 6 períodos con fecha de término en el año 2031.
Los 6 grupos contenidos en la Ley 21.728 privilegiaban el tema etario y que con posterioridad el Ministro de Educación, en el mes de abril manifestó que se iniciaría con el primer grupo conformado por 15.560 traspasados y que estaría conformado por los de mayor edad a partir de los 80 años y que en la práctica nos ha demostrado que al Directorio Regional han llegado colegas con hasta 97 años. Se podía concluir que la autoridad estaba mostrando al Magisterio una gran sensibilidad. Es de fácil comprensión, que la avanzada edad tiene consecuencias dramáticas que van desde el fallecimiento, problemas de salud graves, como el Alzheimer, invalidez, entre otras. Nos ha tocado atender a muchos que están en asilos de ancianos, o que están postrados sin capacidad de movilizarse y que fueron atendidos por dirigentes en sus casas.
Las leyes son para su cumplimiento automático. Pero en el caso de la ley 21.728 los problemas han sido variados. De los 57.000 docentes sobrevivientes que fueron traspasados, de acuerdo al listado elaborado por el Ministerio de Educación, podemos enumerar una cantidad relevante de dificultades a partir del 31 de enero del 2025.
-Fallecimiento de 213 profesores. La ley considera la heredabilidad, pero no todos pueden ser aplicados, pues de acuerdo al instructivo para su aplicación los postulantes tenían que haber subido a la plataforma todos sus antecedentes. Reiterar que la ley tiene su aplicación hasta el mes de enero del 2031 y por ello hemos insistido que quienes fueron traspasados suban su postulación al más breve plazo posible.
-Del Listado Nacional, incomprensiblemente, había una cantidad importante de docentes que no aparecían traspasados. Fue un problema resuelto con agilidad y el apoyo de la Secretaría Ministerial que con la mejor disposición entregó documentos a más de 60 docentes con su historia profesional. Este documento, había que subirlo a la plataforma.
-El listado de la demanda de Jorge Pavez con 21.000 demandantes que fue presentada en el año 2000 y que la Corte Suprema lo rechazó en el 2005. Recurrió de casación y nuevamente fue rechazada en el 2009. En el año 2012 recurre a la Comisión Interamericana, la que al año 2025 aún no tiene pronunciamiento. Pavez vende esta demanda a Ciro Colombara que había presentado una anterior que había sido aprobada hasta por la Corte Suprema y los municipios de algunas comunas del norte se habían negado a cancelar. Recurre a la Corte Interamericana y 846 profesores son favorecidos por un fallo de hasta 90 millones. Más de 200 ya habían fallecido.
-La demanda de Pavez fue rechazada sistemáticamente por los tribunales nacionales y tiene vicios considerables, demandantes repetidos y una cantidad que no aparece entregándole poder.
-Las demandas internacionales se inician en la Comisión Interamericana las que si considera acogidas, las pasa a la Corte Interamericana en Costa Rica, la que tiene el pronunciamiento final. Demora más de 20 años.
El ministro instruye que quienes están en esta demanda deben presentar el desistimiento ante la comisión interamericana. Esperar la respuesta de este organismo y luego subirlo a la plataforma. La comisión se reúne una vez al año, en el mes de diciembre, e informalmente se había manifestado que se pronunciaría por los 9.351 desistimientos presentados en el país. Está claro que quienes están viviendo este proceso deberán esperar años para recibir la reparación de 4,5 millones.
Quienes están en la demanda de Pavez y que han presentado desistimiento tienen alternativa de solución de acuerdo al artículo 93 del proyecto de reajuste del año 2026 que textualmente señala:
Art. Modificase la ley en su artículo 4 en el siguiente sentido a) Intercálese entre la frase en caso de juicio y la expresión o reclamación administrativa pendiente la oración “ante un tribunal nacional” b) agréguese la oración “En caso de mantener un proceso pendiente ante tribunales u organismos regional “es o internacionales podrá obtener el aporte, si acompaña, una copia de su escrito de desistimiento presentada ante dichos tribunales u organismo y el comprobante de su envío. d) En caso de existir un proceso pendiente ante un organismo regional o internacional, deberán acompañar copia de la solicitud de desistimiento presentada ante dichas entidades para proceder al pago del aporte”.
-Hay un segundo grupo que está afectando a 6.500 colegas y que de acuerdo a la ley 21.728 es un claro atropello a la legislación, por parte del Ministro de Educación. La ilegalidad está contenida en el artículo 2 de la ley.
-El punto 2 del artículo 2 señala textualmente entre los requisitos “Declaración jurada simple en que se indique la inexistencia de alguna demanda judicial en curso, se da por entendido que el juicio debe ser por el Decreto Ley 3.551, que se conoce como Deuda Histórica.
Insistiendo en los requisitos en el punto 3 se señala “No haber obtenido el pago íntegro de lo fallado por sentencia judicial favorable firme y ejecutoriada, avenimiento, transacción o cualquier equivalente Jurisdiccional. Es de conocimiento, de los que fuimos traspasados por la dictadura, que con motivaciones movilizadoras se presentaron demandas por lo que hoy conocemos como Deuda Histórica. En su mayoría son fallos negativos. Algunas fueron demandas favorables con montos poco significativos. El ministro al referirse al pago íntegro debiera indicar cuál es el monto Integro de la Deuda Histórica. No puede manifestar que son 4,5 millones pues ello es sólo una reparación. Es aceptable el monto indicado por la Corte Interamericana de Costa Rica, que es de 90 millones de pesos.
Para sostener su posición hace uso del Artículo 7 que en sus inicios deben acompañar los antecedentes para proceder al pago del aporte. Recurre a la facultad de solicitar información a organismos del estado. De lo que se conoce, ha solicitado información a las Secretarías Regionales de Educación y a las Direcciones del Trabajo. Formalmente reconoce petición a los alcaldes de las comunas del país. En la Región de Valparaíso que tiene 38 comunas manifiesta que 32 de ellas no han dado respuesta y que en el caso de Viña del Mar la respuesta se consideró insuficiente. No señala la información solicitada a los alcaldes. Agrega, que en estos casos los postulantes no tendrán acceso al beneficio. Ello no es efectivo, pues de la información recogida, hay un número que no se indica de colegas que si recibieron la primera cuota entregada en el mes de octubre. Se puede concluir que hubo tráfico de influencias. La primera presentación que se hizo a la Contraloría General de la República, en general, a quienes hicieron el trámite se les manifiesta que su presentación está en revisión sin indicar causales.
Por lo expuesto, sólo quedan 2 alternativas. La primera de ellas ha sido presentada a la Contraloría General de la República solicitando que de acuerdo a sus facultades, fiscalice al Ministro Nicolás Cataldo, por no cumplir con los contenidos en la Ley 21.278, en particular el Artículo 2 en los puntos 2 y 3. Como señala haber solicitado información a los alcaldes y no haber recibido respuesta de la gran mayoría de ellos no puede ser causal de no cancelar de acuerdo a la edad de los grupos. Manifiesta que se canceló,en el mes de octubre a 15.560 docentes. Afectando fundamentalmente a los docentes con más de 80 años al incorporar a quienes eran parte de los grupos inferiores. Incluyendo en esta región docentes con sólo 70 años .
Lamentablemente, para el Presidente Nacional, este no ha sido un problema y no ha presentado soluciones.
En el año 2026, habrá elecciones. Una importante cantidad de docentes dejan de cotizar al acogerse a jubilación y pierden derechos y representatividad. El Presidente Nacional anuncia que en el mes de marzo se realizará una Asamblea Nacional para ver cambios estatutarios. Es la oportunidad de revisar la situación de quienes dejan de cotizar, luego de haberlo hecho durante su vida profesional. Debiera darse la oportunidad de reiniciar el pago de cotizaciones y reconocer derechos por los años de cotización. Necesitamos una organización fuerte y poderosa que tenga la capacidad de defender sus derechos muy en especial recuperar la Educación Pública y el Rol del Estado como organismo conductor. Poner fin al negocio de la educación, en todos los niveles, básico, medio y superior. Educación, gratuita y de calidad con una formación de educadores del más alto nivel.
Departamento Jurídico: Andrés Reyes Barra y Renato Rivera Valdés
