- Nicolás Farfán, sociólogo, experto en Alta Dirección Internacional, ex candidato a diputado
Las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que critican la irrupción de EE.UU. en Venezuela, aludiendo a la sed de petróleo de Trump y al riesgo sobre recursos estratégicos como el litio y el cobre, reflejan una postura que, aunque es formalmente correcta, resulta políticamente insuficiente y conceptualmente incompleta.
Defender el derecho internacional como un principio absoluto sin colocar, primero, en el centro de la cuestión, a los derechos humanos puede incurrir en una omisión cuestionable, porque el derecho internacional no existe para proteger Estados abstractos, sino para resguardar a las personas cuando estos Estados fallan.
Venezuela, aquí, no es un caso ambiguo ni aislado: en 10 de los 13 años del régimen de Maduro existe abundante evidencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, investigadas por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
En ese contexto, entonces, invocar la soberanía como barrera infranqueable equivale a convertir el derecho internacional en un escudo para la impunidad. El discurso de que la ministra fue claro y advierte sobre el riesgo de que América Latina sea tratada como un espacio de disputa por recursos estratégicos, preocupación que no es menor.
A lo largo de la historia hay muestras de cómo las grandes potencias han justificado su expansión bajo lógicas similares al antiguo concepto de Lebensraum o “espacio vital”: territorios concebidos como objetos de poder antes que como comunidades humanas.
Pero esto cambia. Hoy esa lógica no siempre se expresa en anexiones territoriales, sino que debe estar presente en un control político, energético o estratégico, que atraviesa economías, gobiernos y decisiones internacionales. Entonces, Chile, si pretende mantener una tradición diplomática creíble, debe sostener una posición más exigente.
Rechazar intervenciones unilaterales, sí, pero hay que tener claridad al decir que los derechos humanos están por sobre cualquier formalismo jurídico. De lo contrario, el discurso no solo pierde coherencia, sino que termina defendiendo aquello que se dice combatir: la tiranía. La geopolítica del siglo XXI no es de mapas, es de principios. Sin personas con derechos, no hay soberanía.
