- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
La violenta ola de despidos que se está produciendo desde la empresa privada es sin duda la respuesta de los poderosos a los ligeros avances que ha habido en favor de la clase trabajadora, como son la jornada laboral de las 40 horas semanales y el aumento del salario mínimo también llamado salario vital.
El desempleo se agudiza dramáticamente en Chile y acrecienta la pobreza, en momentos en que el gobierno del presidente Boric vive sus últimos meses en La Moneda, las candidaturas presidenciales y parlamentarias entran a una etapa decisiva y en todas partes se respira un ambiente de agobiante incertidumbre.
La cesantía de muchos es uno de los puntos débiles de la actual administración que por estar formada en gran parte por gente joven daba credibilidad a la ciudadanía y que al asumir funciones gubernamentales anunciaba cambios, transformaciones y refundaciones para modernizar el rostro de la sociedad chilena sometida desde hace medio siglo a un nefasto régimen de desigualdades, injusticias y discriminaciones.
No reparó sin embargo en que una de las mayores aspiraciones de la población es que en cada familia el jefe de hogar y en lo posible uno o más de sus integrantes cuente con un trabajo estable y seguro, con salarios decentes, para poder llegar a fin de mes sin problemas en sus precarios presupuestos caseros.
Ello no se ha cumplido porque las preocupaciones prioritarias de las autoridades han sido otras, postergando la creación de empleos formales y ampliando el tiempo de cesantía principalmente de muchos jóvenes que esperan una oportunidad. Por ahora éstos siguen viendo como pasan los días, uno tras otro, sin novedad alguna. Lo que viene por delante es inimaginable.
Esta pasividad e indolencia le restan apoyo a Boric y a la continuidad del progresismo en La Moneda. A estas alturas al primer mandatario le cuesta superar el 32% o 33% de respaldo en las encuestas de opinión pública. Mucha gente está disgustada y lo expresa a diario.
Recientes estudios de organismos universitarios dan cuenta de que en Chile está aumentando más el desempleo de larga duración que los puestos de trabajo. A medida que transcurre el año, las cifras que quedan a la vista son desfavorables para las mayorías. En lo que va corrido de 2025 la tasa de desocupación bordea el 9% cada mes.
La fuerte caída del empleo formal, con contrato, estabilidad, salario fijo y beneficio sociales, deja como única alternativa la informalidad. Actualmente son millones las personas, hombres y mujeres, que se ven en la necesidad de ejercer un trabajo informal, que se hace indispensable. Un ejemplo de ello son los comerciantes ambulantes, víctimas de una desmesurada persecución por parte de quienes tratan de desmarcarse de la realidad.
El panorama laboral, en general, es un reflejo de lo que ocurre en Chile en todo orden de cosas. Este es un país atrapado por la informalidad de la cual las mayorías tratan de sacudirse, pero sin éxito. La gente común y corriente y sin recursos económicos no es tomada en cuenta por el modelo neoliberal, sus operadores, la casa política anquilosada, sus medios desinformativos y los desclasados que no faltan.
Al trabajo informal se suman cada día más y más compatriotas, cuyos servicios han sido desestimados en el sector privado. Por “necesidades de la empresa”, según la Dirección del Trabajo, en julio pasado los despidos subieron en un 18,5% – algo sin precedentes – y los desvinculados llegaron a más de 44 mil a nivel nacional.
Nunca se ha sabido cuáles son esas “necesidades” que determinan que tantos empleados pierdan sus puestos y queden en la calle. No se descarta sin embargo que el despido de trabajadores sea la respuesta de los grandes empresarios a la jornada laboral de 40 horas semanales y al hecho de que el salario mínimo – que sigue siendo insuficiente – esté hoy en 529 mil pesos, lo que no alcanza para que una familia de 4 personas llegue a fin de mes sin contraer nuevas deudas.
Preocupa especialmente lo que sucede en el mercado laboral femenino: una comparación entre el invierno de 2022 y el mismo periodo de este año indica que hay 100 mil mujeres desocupadas más que hace 3 años, en tanto las informales superan el millón. Las mujeres sin trabajo se concentran en aquellas que tienen entre 25 y 49 años y que poseen educación media completa. En cuanto a la tasa de desempleo en las más jóvenes, una de cada cuatro está sin ocupación.
La emergencia laboral parece no tener cabida entre las actuales prioridades gubernamentales. En definitiva, no se generan los puestos de trabajo suficientes para atender una demanda que va en aumento, pero en cambio se destinan cuantiosos recursos para las policías y todo lo concerniente a seguridad, sin que se vean resultados hasta ahora.
Sin que nadie haga algo por evitarlo, la cesantía está próxima a convertirse en una sombría institución nacional, punto de partida para la delincuencia, el narcotráfico y en general las actividades que se llevan a cabo fuera de la ley. La casta política tiene en sus manos la posibilidad de generar una institucionalidad laboral que la población está buscando infructuosamente hace tiempo, hasta el día de hoy.
