- Humberto Palamara Iribarne, IIngeniero naval, abogado, cientista político (PUC)
Nuestras fuerzas armadas no constituyen el único blanco del narcotráfico, sino también todos los órganos que constituyen los poderes del Estado. Esta precisión contribuye a explicar la extensión del narcotráfico, probablemente, también la mantención del secreto bancario y, sin duda, la puerta giratoria para los traficantes.
Las últimas noticias respecto a la infiltración de nuestras fuerzas armadas, por parte del narcotráfico, constituye un hecho que requiere de importantes precisiones y de un alcance, porque nuestras fuerzas armadas no están controladas por el narcotráfico ni todos sus miembros participan en él, sino muy pocos y porque el narcotráfico también puede infiltrarse en otras instituciones y poderes.
Al respecto, cabe señalar que, en lo que se refiere a consumo, que nuestras fuerzas armadas no están infiltradas por el narcotráfico, y que solo, excepcionalmente, existiría personal militar narcodependiente. La vida militar, en sí misma, es incompatible con el consumo de drogas. De hecho, son muy pocos los militares que la han consumido, y lo cierto es que el consumo de drogas, por personal militar, constituye algo muy poco frecuente, y que cuando ocurre es fuera del cuartel. Esto sucede así, no porque los militares sean menos vulnerables a la droga que los civiles, sino porque los controles, al interior de las fuerzas armadas, funcionan, porque se realizan en conformidad a un reglamento interno, que tiene al respecto cada institución armada, promulgado, especialmente, para este efecto, por el Presidente de la República. Lo otro cierto es que, los exámenes de detección de consumo de drogas, al personal militar, se realizan con mucha rigurosidad, periodicidad y aleatoriedad, con la sola excepción del personal denunciado, que aparece, de pura casualidad, en la lista aleatoria, lo que no es injusto, porque mejora la eficacia del control.
Los exámenes de detección. consisten, básicamente, en un screening, sobre la base de una muestra de orina. A los que resultan positivos se les realiza un segundo examen, sobre la base de una segunda muestra de orina, debidamente, preservada e identificada mediante un código, tomada junto con la anterior, que la identifica, en relación al dueño de la muestra, y que resguarda su identidad, la cual es remitida a un laboratorio acreditado, para que el informe que emita sea esta la prueba, que demuestre, en ese funcionario, la presencia de droga y de su cantidad.
A los que resultan positivos, en este segundo examen, se les aplica la máxima sanción disciplinaria, que es la expulsión de la correspondiente institución armada, la cual es impuesta por el comandante en jefe, para los oficiales, y por el director del personal, para el personal de tropa y, además, dicho consumo, que constituye delito para los militares, en conformidad al artículo 14 de la Ley 20.000, es denunciado, por la autoridad militar, al tribunal militar, naval o aéreo, según corresponda, con competencia en el territorio donde se realizó el examen.
En la práctica, aunque la penalidad del delito de consumo de drogas sea muy alta, porque puede variar de 541 días a 15años, los consumidores militares, no cumplen penas de privación de libertad, porque lo usual es que sean merecedores de la atenuante genérica de irreprochable conducta anterior. La verdad es que muchos de estos militares, que resultan positivos, ni siquiera la han consumido a sabiendas, sino que han estado próximos a consumidores, en una actividad social o sexual, en la cual los amigos o la pareja ocasional fumó mariguana. Incluso algunos exmilitares fueron víctimas de robo, y para materializarlo se les introdujo cocaína u otras drogas en el trago.
El rigor con que se sanciona a los militares por consumir drogas no se compadece con el principio de igualdad ante la ley, porque al resto de los funcionarios públicos, que se les controla el consumo no se les sanciona, en cambio a los militares se les castiga, penalmente, por el mero consumo y, disciplinariamente, con el retiro, en cambio para los subsecretarios, jefes superiores de servicio, directivos superiores de un órgano u organismo de la administración del Estado, el consumo no tiene sanción, sino que, en la eventualidad de existir dependencia, los funcionarios dependientes, deben someterse a tratamiento y a rehabilitación.
Los mismos parlamentarios, que son los que hacen las leyes, entre ellas, las vinculadas al narcotráfico. no son controlados mediante un examen de orina, que detecta la presencia de drogas y sus metabolitos, en un plazo de tiempo específico, que oscila entre unas horas y varios días, dependiendo de la sustancia analizada, sino mediante un test de pelo, que no revela el consumo ocasional, sino solo el muy frecuente, de tres a cuatro veces por semana, esto es solo encuentra a los consumidores dependientes.
Pero el problema no es el rigor de la penalidad a la que se ven expuestos los militares que consumen drogas, sino que los tribunales militares investigan solo la parte final del tráfico de drogas, porque los productores, transportistas y proveedores, ya sea en primera o en segunda derivada, normalmente, son civiles, y por ende, sus delitos no pueden ser conocidos por la justicia militar. Lo que en la práctica se traduce en que, en los casos de delitos de consumo de drogas, que solo pueden tener como sujetos activos a militares, los delitos vinculados a la fabricación, al transporte y la distribución, quedan impunes, tal como cuando los consumidores son civiles, y esto ocurre así, porque mientras el delito de consumo, se mantenga enclaustrado en el solo delito de consumo, sin extenderlo a los delitos que ocurren en sus orígenes, el delito de consuno será investigado, solamente, por las fiscalías militares y no por el Ministerio Público.
Pero, nuestras fuerzas armadas no constituyen el único blanco del narcotráfico, sino también todos los órganos que constituyen los poderes del Estado. Esta precisión contribuye a explicar la extensión del narcotráfico, probablemente, también la mantención del secreto bancario y la puerta giratoria para los traficantes. De aquí se deriva un importante alcance, sería muy bueno para la salud de la república, que todos los candidatos, hombres y mujeres, en las próximas elecciones de presidente, de senadores y de diputados, se sometan, antes de su inscripción como tales, a exámenes de orina para la detección del consumo de drogas, los mismos que se le practican a los miembros de las fuerzas armadas, pero no por imposición de los altos mandos militares, sino a exigencia de los partidos políticos que los presentan, para que no sea necesaria una ley, para que esta sugerencia se constituya realidad, y que así no votemos, sin saberlo, por un infiltrado del narcotráfico en el poder ejecutivo y/o legislativo.
