- Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales, CER
Las secretarias regionales ministeriales son órganos desconcentrados de sus respectivos ministerios en el territorio regional, que básicamente realizan tareas de coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos adscritos a su cartera. Su selección compete formalmente a los ministros, con intervención de los delegados regionales presidenciales e informalmente de los partidos políticos que sostienen al gobierno central.
Un primer elemento analizar es la relación de los servicios públicos con el sistema político. Ello importa por cuanto en la medida que los servicios y sus autoridades muestren ineficiencias, ineficacias, corrupción, falta de idoneidad y mala calidad en la gestión de los servicios prestados a la población. En esa misma medida, se deteriora la legitimidad de lo público, del estado, y de la democracia. La gente pierde la fe y confianza en las instituciones. Entre menor es la calidad del servicio menor será la adhesión ciudadana a la esfera pública.
Un segundo aspecto radica en la selección de los seremis. La selección del elenco de seremis es fundamental para asegurar una buena gestión gubernamental. Desgraciadamente en este proceso se originan las desprolijidades, especialmente porque no se filtran adecuada y rigurosamente los antecedentes de los candidatos para impedir que sean seleccionados quienes tengan conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades, hayan participado en actividades irregulares y en definitiva no cumplan los requisitos del cargo. En la práctica, los filtros no operan porque en muchas ocasiones prima la lógica de los “equilibrios políticos de los partidos”, por sobre los estándares exigidos para el nombramiento de tales autoridades.
Los seremis son personas de confianza del gobierno de turno. Son evaluados por los ministerios mediante el Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, que juzga si el funcionario ha cumplido con las metas que el ministerio se ha propuesto en la región. Sin embargo, un seremi puede estar muy bien evaluado por el PMG, pero puede ser reemplazado por otro candidato porque su gobierno ha sumado a otro partido en la coalición, lo que implicará otorgarle cabida en la función pública. Desde luego, estas prácticas erosionan la función pública y dan lugar a una movilidad que tienen efectos perniciosos en la prestación de los servicios a la población.
En efecto, las desprolijidades en el cotejo de los antecedentes, la superposición de los partidos sobre procesos de selección y la precaria garantía del PMG, generan cambios en las autoridades que duran periodos muy cortos. En ese contexto, observamos que existe un “plazo muerto” al inicio de la gestión de estas autoridades, salvo que hayan tenido una experiencia previa en el sector. Ese “plazo muerto” es para adaptarse a la cultura organizacional del sector y aprender la pega. Por cierto, en ese tiempo se incurre en errores, ineficiencia e ineficacia que tiene un costo en recursos, pero por sobre todo, en la mala prestación de los servicios y por ende en la insatisfacción usuaria.
En la administración de los intendentes no sucedió esa extrema movilidad. Ello debido a que en ese tiempo los gobernantes tenían mayor experiencia en la administración del estado y los seremis que eran integrados al gabinete regional eran supervisados, coordinados y fiscalizados por el intendente como representante en la región del Presidente de la República. En esa perspectiva, soy de opinión que el mejoramiento de la calidad de los servicios y la estabilidad de los funcionarios, pasa porque el gobernador tenga las facultades para la supervigilancia, coordinación y fiscalización de los servicios públicos que operan en la región, especialmente aquellos que tienen funciones compartidas con los gobiernos regionales y que se complementen con sus atribuciones de inversión regional.
Por último, así como se ha planteado una ley para acortar los permisos sectoriales que permita viabilizar proyectos de inversión paralizados por la excesiva burocracia, sería necesario que se planteara una ley que permita mejorar la calidad de las prestaciones de los servicios a la comunidad, con el fin dar satisfacción al usuario y por ende fortalecer nuestra democracia.
