- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Hasta ahora se prolonga el llanterío plañidero y la protesta histérica de la extrema derecha, porque sus queridos huéspedes del hotel 5 estrellas de Punta Peuco terminarán su régimen de privilegios, dejarán de tener exclusividad y pasarán a contar con la compañía de delincuentes habituales de su mismo rango criminal.
Son 139 siniestros individuos bien atendidos y mejor alimentados que se habían acostumbrado a las comodidades de ese establecimiento penitenciario que uno de los tantos gobiernos de la Concertación creó para dar tranquilidad y seguridad a los internos.
Cada uno de ellos es un peligro para la sociedad, como quedó demostrado en los 17 años que duró la dictadura. Asesinaron a más de 5 mil compatriotas por pensar distinto, muchos de ellos detenidos desaparecidos, “suicidaron” a otros, degollaron, quemaron, estrangularon y dispararon por la espalda a destajo, junto con aplicar inimaginables torturas a sus víctimas indefensas.
Hace 30 años, en 1995, se determinó la construcción de una cárcel especial destinada a condenados por delitos de derechos humanos ocurridos bajo el régimen de Pinochet, recordó el presidente Boric durante su última cuenta pública en Valparaíso. “Era otro Chile y desde mi punto de vista no existe justificación para ese privilegio”, dijo el mandatario.
“Por tal motivo – agregó – he instruido al Ministro de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento. Este recinto abandonará su condición de especial y se transformará en un penal común que permita segregar a personas según los requerimientos de Gendarmeria”.
Esto es, Punta Peuco va a dejar de ser un penal especial, con un confort que nadie se explica. Se va a convertir en una cárcel común que va a recibir al conjunto de la población delincuencial, como en el resto de los penales del país.
El recinto exclusivo hasta ahora para violadores de los derechos humanos en dictadura fue creado por un decreto supremo del presidente de la República hace tres décadas, y de la misma manera va a ser modificado. No hay plazos, se ha señalado, pero ello se va a concretar durante el actual gobierno.
Se trata de una medida que había demorado mucho. Los reos que antes vistieron uniforme y masacraron a todos los que alcanzaron, enviaron una carta a Boric pidiendo que las comodidades continúen argumentando cualquier excusa barata, pero la resolución presidencial sigue adelante.
La medida dispuesta por el presidente de la Republica causa beneplácito general en el mundo de los derechos humanos. Las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos – que al pasar de los años han ido mermando por el progresivo fallecimiento de sus integrantes – han manifestado su más amplia satisfacción.
En la extrema derecha hay desolación, lo que la lleva a confundir la justicia que ahora se va a aplicar con una eventual “venganza”. Algunos de los abogados defensores de los militares condenados están presentando acciones ante los tribunales para que el anuncio del Ejecutivo no se lleve a cabo, pero esas acciones no tienen ninguna base legal.
Quien ha reaccionado con mayor furia es la candidata Matthei, militante de la UDI, decana de quienes aspiran a llegar algún día a La Moneda. Ella viene de una familia castrense, es hija de un general que integró la llamada “junta de gobierno” y en la actualidad lleva en alto las banderas del negacionismo. Ha dicho que el golpe del 73 y que los muertos que hubo eran “inevitables”.
Ello le significó recientemente un bochornoso episodio en la casa central de la Universidad Católica, a donde llegó como parte de su campaña. Allí fue recibida por un numeroso grupo de estudiantes contrarios a su candidatura portando carteles con los rostros de detenidos desaparecidos y la pregunta “¿Dónde están?”. En otros carteles se decía “¿Fue inevitable?”, junto con manifestaciones que la hicieron salir prontamente del recinto universitario.
Los que causaron la muerte violenta y la desaparición de miles de compatriotas con un odio irrefrenable seguramente pensaron que la dictadura era eterna y que la impunidad los protegería siempre. Nunca han colaborado con la justicia, no se han mostrado arrepentidos por el genocidio perpetrado ni han dado información alguna sobre el lugar en que abandonaron los restos de los desaparecidos. Viejos y enfermos, lo que es natural en su avanzada edad, esta patota de criminales da lástima por su derrumbe moral, pero deben tener claro que en Chile nadie está sobre la ley.
El pueblo que antes fue castigado y avasallado por estos criminales – son todos los que están, pero no están todos los que son – espera que el término del confort y la exclusividad de Punta Peuco se concrete cuanto antes. Nunca es tarde para más democracia, más igualdad y más justicia.
